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Juicio Contencioso-Administrativo
También conocido como Juicio de Nulidad, es un proceso que permite a las personas impugnar actos administrativos (fiscales, seguridad social, multas, etc.) que sean emitidos por autoridades de la administración pública.
Algunos ejemplos son:
1
Multa impuesta por alguna autoridad federal
2
Despojo injustificado de alguna concesión federal
3
Negativa de otorgamiento de licencia federal sin suficiente fundamentación o motivación
4
Revocación injustificada de algún permiso federal
5
Cobro indebido de contribuciones
6
Fallos en una licitación o contratos públicos
NUESTRA EXPERIENCIA
Como muestra de nuestra experiencia en el Poder Judicial de la Federación, a continuación puede explorar una muestra de juicios contencioso-administrativos, o de cuestiones relacionadas con estos, en los que tuvimos un papel activo, ya sea en su estudio o en su resolución.
Amparo Directo en Revisión 321/2016
Una empresa impugnó la determinación de cuotas obrero-patronales realizada por el IMSS bajo el artículo 39-C de la Ley del Seguro Social, alegando la transgresión de su derecho a la audiencia previa. Tras confirmarse la constitucionalidad de la disposición impugnada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el caso llegó a la SCJN.
Sobre esto, la Segunda Sala concluyó que el artículo 39-C no viola el derecho a la audiencia previa, ya que en temas de impuestos y seguridad social, la audiencia puede ser posterior a la determinación inicial, siempre que existan medios de defensa adecuados. Así, se negó el amparo solicitado, validando la facultad del IMSS para realizar determinaciones presuntivas de cuotas y destacando la importancia de los mecanismos de defensa disponibles para las personas contribuyentes.
Amparo en Revisión 964/2019
Una jueza pensionada del Poder Judicial de Coahuila impugnó la negativa del Consejo de la Judicatura local de incluir ciertos "apoyos" en su pensión, argumentando que estos debían considerarse parte de su remuneración constitucional. El conflicto se centró en si el "apoyo por exceso de carga de trabajo" y el "apoyo por el desempeño de la función judicial" eran remuneraciones o estímulos. El Consejo local sostuvo que estos apoyos eran pagos únicos y específicos para jueces en activo y no formaban parte de las remuneraciones constitucionales.
En ese sentido, la Segunda Sala de la SCJN concluyó que estos "apoyos" no forman parte de las remuneraciones, ya que están destinados a facilitar el desempeño del cargo y no a ser parte del patrimonio del servidor público. En consecuencia, la Corte resolvió que los conceptos reclamados no debían integrarse en la pensión de la jueza, confirmando la distinción constitucional entre remuneraciones y apoyos.
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